La vivienda es un derecho, no un negocio. Sin embargo, en Almería —como en el resto del Estado—, este derecho fundamental ha sido secuestrado por la codicia de fondos buitre, grandes tenedores y bancos, que han convertido el techo sobre nuestras cabezas en un producto de inversión. La consecuencia es clara: alquileres inasumibles, desahucios encubiertos y un parque de vivienda pública raquítico. Frente a esta crisis fabricada por el capitalismo inmobiliario, solo hay una respuesta posible: el Ayuntamiento debe ponerse al frente y ejercer su poder de compra con un derecho de tanteo y retracto automático.

La crisis de la vivienda: una catástrofe anunciada

Almería, como otras ciudades, sufre las consecuencias del neoliberalismo salvaje aplicado al mercado inmobiliario. La especulación ha disparado los precios, expulsando a familias trabajadoras de sus barrios de toda la vida, mientras los gobiernos —tanto estatales como locales y, por supuesto, el autonómico— han mirado hacia otro lado o, peor aún, han legislado a favor de los especuladores. La compraventa masiva por parte de fondos de inversión ha vaciado el mercado de vivienda accesible, y el resultado es una juventud condenada a la precariedad habitacional, familias al borde del desahucio y una clase trabajadora que ve cómo su derecho a la vivienda se diluye en contratos temporales y precios imposibles.

El derecho de tanteo y retracto: una herramienta contra los especuladores

No podemos permitir que Almería se convierta un paraíso para los depredadores inmobiliarios. El derecho de tanteo y retracto, aplicado con contundencia, es una de las medidas capaces de frenar la especulación. En ciudades como Barcelona o Valencia, donde se ha puesto en práctica, ha permitido al sector público recuperar viviendas para destinarlas a alquiler social, en lugar de que terminen en manos de quienes solo buscan obtener beneficios a costa del sufrimiento de la gente.

El planteamiento es claro: cuando un gran propietario o un banco ponga una vivienda en venta, el Ayuntamiento tendrá preferencia para comprarla antes que cualquier fondo buitre o especulador. Esta medida no solo ampliará el parque de vivienda pública, sino que también servirá para pinchar la burbuja inmobiliaria que asfixia a la población.

No es una opción: es una necesidad

Los poderes públicos no pueden seguir siendo cómplices de la acumulación salvaje de viviendas en manos de unos pocos mientras miles de personas no pueden pagar un alquiler digno. La implantación de esta medida en Almería debe ir acompañada de un fondo municipal fuerte y de una política de vivienda pública ambiciosa que garantice su acceso a quienes lo necesitan.

Este es un momento de decisión política. O se está del lado de la gente trabajadora o se protege el negocio de los especuladores. La implantación del derecho de tanteo y retracto no es solo una propuesta: es una obligación moral y política.