Ayer lunes los bomberos de Almería se manifestaron para reclamar al PP mejoras en sus condiciones laborales, mas recursos para ejercer su trabajo, formación y mejora en los salarios que llevan 15 años congelados. Al grito de “dignidad” y con el eslogan “bomberos, quemados” los profesionales salieron a la calle en una marcha que finalizó en Puerta Purchena.

Los bomberos de Almería se manifestaron con sus uniformes pese a la amenaza que el Partido Popular les había lanzado de sancionarlos por este motivo.

La marcha acabó con la lectura de un manifiesto en el que reclamaban a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), que cumpliera los compromisos adquiridos, “No tiene ni palabra ni compromiso, niega a los almerienses tener un servicio digno” se escuchó durante el evento.

Uno de los portavoces, César Beas, ha explicado que la situación laboral del colectivo es «límite» ya que no solo hay infradotación de medios que les lleva a tener «que fabricar, a veces, nuestro propio material» sino también una «ausencia de formación continúa». «A esto hay que sumar que tenemos unas instalaciones en condiciones lamentables», ha dicho para añadir que los salarios no se revisan «desde hace 15 años». Beas ha precisado que los bomberos de Almería «son los peor pagados de la provincia y también de Andalucía» y ha señalado diferencias de «hasta 500 y 600 euros» en sus sueldos con respecto a sus homólogos de Granada o Córdoba.

También se ha denunciado el mal estado de las instalaciones del parque de bomberos y se le ha recriminado a la alcaldesa de Almería que sea la “tercera con mejor sueldo de Andalucía”

LAS AMENAZAS DEL PP

Por su parte el equipo de gobierno del Partido Popular ha reaccionado a la manifestación convocada por el cuerpo de bomberos de la capital con amenazas de expedientes disciplinarios y sanciones como les comunicó la concejal de Función Pública y Seguridad Ciudadana María del Mar García Lorca.

UGT ha denunciado esta situación que consideran “inaudita” ya que se ha pretendido, por parte del Gobierno Municipal, coartar la libertad de manifestación.

Desde UGT consideran inaudito que una administración en su papel de empleadora pueda llevar a cabo un acto de advertencia previo al ejercicio del derecho de manifestación de un colectivo que, simplemente, pretende exteriorizar libremente sus reivindicaciones laborales.